Más de 20 instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales articulan acciones para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, con énfasis en el uso de datos, la ampliación territorial de los servicios y la actualización del marco legal.
Durante una reunión del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, fueron revisados avances en la atención de emergencias, protección social, planificación y respuesta institucional.
Uno de los puntos abordados fue la interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la línea de emergencia *212 del Ministerio de la Mujer, que permite coordinar la atención de situaciones de violencia e integrar información sobre denuncias y asistencias.
El cruce de estos registros busca identificar recurrencias y territorios con mayor incidencia, además de aportar evidencia para orientar las decisiones y la asignación de recursos públicos.
Servicios más cerca de los territorios
El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (PRISMA), previsto para iniciar en 2027, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial mediante alianzas con organizaciones sin fines de lucro que cumplan requisitos técnicos y operativos.
La primera etapa contempla Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, identificados mediante el mapa de calor de violencia como territorios con mayor concentración e intensidad de casos.
La iniciativa busca incorporar capacidades comunitarias a los servicios existentes, bajo protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión del Ministerio de la Mujer.
Datos para orientar las políticas
El Ministerio de Hacienda y Economía presentó los avances de República Dominicana en la agenda del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con énfasis en pobreza, salud, embarazo en adolescentes, uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social.
El balance también identificó desafíos relacionados con la mortalidad materna, las brechas de género, el trabajo no remunerado y las desigualdades territoriales.
Entre las prioridades figura fortalecer la producción y utilización de datos para orientar las políticas públicas y vincular la agenda de mujeres y niñas con las decisiones sobre presupuesto, protección social y servicios públicos.
Avances en la Ley Mirabal
El Gabinete conoció además los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, que plantea un marco integral para la prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción y reparación frente a la violencia contra las mujeres.
La propuesta contempla derechos y garantías para las víctimas, responsabilidades institucionales y la organización de un Sistema Nacional de Protección Integral.
El proceso incluye la armonización de la iniciativa con las modificaciones recientes al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como consultas con instituciones públicas, el sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
El Gabinete continuará el seguimiento de estas acciones y de los compromisos asumidos por las instituciones que participan en esta agenda.
