Las autoridades de Kazajistán han vuelto a centrar la atención internacional tras la circulación en redes sociales de publicaciones que aseguran que el país “impondrá castración química a pedófilos seis meses antes de su liberación”.
La castración química no es una práctica nueva en Kazajistán. El país centroasiático incorporó este mecanismo dentro de su legislación desde 2018 como parte de las medidas para prevenir la reincidencia en delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Sin embargo, recientemente las autoridades ajustaron el procedimiento para que el tratamiento pueda iniciarse seis meses antes de que el condenado salga de prisión, siempre bajo supervisión judicial y médica.
A diferencia de la castración quirúrgica, la castración química consiste en la administración de medicamentos hormonales destinados a reducir el impulso sexual y la producción de testosterona. El tratamiento debe ser indicado por especialistas y supervisado por profesionales de salud mental y personal médico autorizado.
De acuerdo con reportes de medios internacionales y documentos legales del país, la medida está dirigida principalmente a adultos condenados por abuso sexual infantil y no se aplica automáticamente a todos los reclusos sentenciados por delitos sexuales.
La decisión final dependerá de evaluaciones psiquiátricas, diagnósticos clínicos y órdenes emitidas por los tribunales.
El debate sobre este tipo de sanciones ha generado posiciones encontradas entre sectores de derechos humanos, especialistas en criminología y autoridades de seguridad.
Organizaciones de derechos humanos y expertos médicos han advertido sobre posibles implicaciones éticas, legales y psicológicas relacionadas con la obligatoriedad del tratamiento y el consentimiento del paciente.
Kazajistán no es el único país que contempla la castración química dentro de su sistema penal. Naciones como Polonia, Corea del Sur, Indonesia, República Checa entre otros, han aplicado medidas similares en determinados casos de agresión sexual.
