El desarrollo del primer nivel de atención se ha visto condicionado por reformas legales y cambios estructurales que, a la fecha, no logran consolidar el espíritu inicial de la ley. Díaz Santana analiza las trabas del sistema sanitario dominicano apuntando directamente a las distorsiones operativas. Díaz Santana explica que, aunque la estrategia se definió oficialmente a nivel internacional desde 1978 a partir de la declaración de Alma-Ata, su ejecución local ha sido continuamente postergada frente a la creciente privatización de los servicios de salud y los intereses comerciales.

A nivel nacional, las Unidades de Atención Primaria públicas operan bajo severas limitaciones estructurales. Muchas de ellas se encuentran descuidadas, con presencia limitada de insumos críticos y personal que muchas veces carece del entrenamiento adecuado para la gestión comunitaria de salud.

Mientras la estrategia de APS se tolera y se permite dentro del Régimen Subsidiado —donde los márgenes de facturación y ganancias comerciales son considerablemente menores—, se bloquea de forma activa en el esquema de afiliación privada. Al no existir la obligatoriedad del primer nivel como filtro de entrada en el sector asegurado, el ciudadano se ve empujado de manera directa a la consulta especializada. Esto fragmenta la continuidad médica y eleva drásticamente el costo familiar.