En una acción conjunta para proteger los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)socializaron mecanismos para fortalecer la supervisión y sanción de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Prestadores de Servicios de Salud que incurran en cobros indebidos.
El director general de la DIDA, Elías Báez ,y el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, lideraron el encuentro en el que se establecieron lineamientos claros para trabajar de manera unificada en la garantía de los derechos de los afiliados al SFS.
Entre los temas discutidos por ambas autoridades destacan la necesidad de erradicar prácticas irregulares que vulneran los derechos de los ciudadanos, como los cobros indebidos en servicios de emergencia, la retención de pacientes y cadáveres como medida coercitiva para el pago de facturas, la facturación por montos superiores a los establecidos por las ARS, los cobros de servicios médicos fuera de la cobertura contratada y la imposición de pagos administrativos no regulados.
Estas acciones buscan garantizar el acceso justo y transparente a los servicios de salud, velando porque los afiliados no enfrenten obstáculos arbitrarios o excesos financieros al momento de recibir la atención médica que les corresponde.
Elías Báez destacó que esta alianza estratégica marca un paso significativo hacia la protección de los afiliados al sistema. “Es nuestro compromiso fortalecer la protección social y la defensa de los derechos de los afiliados, asegurando que reciban la atención en salud que les corresponde sin ser afectados económicamente por prácticas irregulares”, expresó
Por su parte, Miguel Ceara Hatton enfatizó que la SISALRIL continuará promoviendo acciones enérgicas para sancionar a quienes incumplan con la normativa. Además, recordó a los afiliados que tienen el derecho de denunciar cualquier irregularidad ante las instituciones competentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Ambas instituciones asumirán el compromiso de operar de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, bajo una colaboración estrecha y coordinada.
