Estudio señala uso de Senasa como canal de financiamiento al sector privado de salud
El economista Francisco Tavárez advirtió que más del 30 % de los empleados públicos permanece afiliado a Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas, pese a que la Ley 87-01 y una sentencia del Tribunal Constitucional establecen que estos trabajadores deben estar afiliados al régimen contributivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Según explicó, alrededor del 31 % de los servidores públicos continúa en ARS privadas, una situación que calificó como un incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
El especialista sostuvo además que Senasa ha sido utilizado como un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia prestadores privados de servicios de salud, incluyendo clínicas y farmacias.
Indicó que un estudio reciente confirma esta tendencia y señala que el fenómeno no comenzó en 2020, sino que se ha desarrollado desde años anteriores dentro del propio régimen contributivo de Senasa.
“El marco legal establece claramente que todos los empleados del sector público deben estar afiliados a Senasa Contributivo. Sin embargo, esta disposición no se ha cumplido de manera efectiva”, afirmó.
El economista consideró necesario revisar el cumplimiento de la normativa y analizar el destino de los recursos del sistema de seguridad social, con el fin de garantizar una mayor transparencia y fortalecer el carácter público del aseguramiento en salud.
