La Sociedad Dominicana de Oncología Médica advierte que modificar el proceso podría retrasar tratamientos y afectar a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas.
La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) advirtió que una propuesta de resolución que se discute en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para modificar el proceso de adquisición de medicamentos de alto costo podría afectar el acceso oportuno a tratamientos para pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.
La entidad explicó que la modificación de la resolución 553-02 contempla exigir de forma obligatoria una Carta de No Cobertura emitida por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) como requisito para la compra de estos fármacos.
Según SODOM, este procedimiento añadiría más burocracia al sistema y podría retrasar el inicio de tratamientos, con consecuencias negativas para la salud y la calidad de vida de los pacientes.
La organización también señaló que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) y la DIDA no cuentan con estructuras legales ni financieras para asumir el control de la venta de estos medicamentos, ya que no son prestadores directos de servicios de salud.
Asimismo, indicó que la medida podría generar incertidumbre en la gestión de presupuestos, inventarios, autorizaciones y distribución de medicamentos a nivel nacional.
La entidad recordó que la Ley 87-01 de Seguridad Social de República Dominicana establece una separación de funciones entre la rectoría del sistema, el aseguramiento, la prestación de servicios y la administración de programas especiales.
De igual forma, explicó que la DAMAC es una dependencia administrativa del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, por lo que su funcionamiento depende del presupuesto y estructura institucional del ministerio.
SODOM consideró que cualquier regulación en esta área debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección efectiva del derecho a la salud de los pacientes.
La posición de la entidad está contenida en un comunicado público.
