El fortalecimiento de la prevención, la salud digital y la cooperación sanitaria, junto al aumento salarial a médicos y pensionados, así como la presentación de un censo nacional de salud, contrastaron con el impacto institucional y social del caso SeNaSa.
El año 2025 cerró con avances relevantes en el sector salud, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y otras entidades del sector, entre ellos mejoras en las condiciones laborales del personal médico, la modernización de los servicios y un mayor énfasis en la planificación sanitaria.
No obstante, el caso que involucró al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se convirtió en uno de los hechos más significativos del período, al generar tensiones institucionales y afectar la confianza de la población en el sistema de salud.
En el año que acaba de finalizar, el sector salud registró progresos importantes en materia de prevención, vigilancia epidemiológica y transformación digital, con el fortalecimiento de la atención primaria, la expansión de la telemedicina y el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo de enfermedades.
Uno de los aspectos relevantes fue el aumento salarial a médicos activos y médicos pensionados, una medida largamente demandada por Colegio Médico Dominicano, que contribuirá a mejorar las condiciones laborales, reconocer la trayectoria del personal de salud y reducir tensiones históricas en el sistema.
Asimismo, la presentación del primer censo nacional de salud representó un paso clave para la planificación y toma de decisiones, al ofrecer datos actualizados sobre recursos humanos, infraestructura, servicios y necesidades del sector, con miras a diseñar políticas públicas más eficientes y focalizadas.
A esto se sumaron avances en cooperación regional, el enfoque de Una Salud y una mayor visibilidad de la salud mental en la agenda pública.
El caso SeNaSa y su impacto
El caso que involucró al Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha tenido un impacto significativo en el sistema sanitario, al tratarse de la principal aseguradora pública del país.
Las investigaciones judiciales y las medidas adoptadas han generado: incertidumbre entre los afiliados, preocupación entre prestadores de servicios y afectación del clima institucional.
Esto supone, un debate nacional sobre transparencia, fiscalización y gobernanza del sistema de seguridad social en salud.
